¿A dónde va el dinero que EEUU está extrayendo de Venezuela? Respuesta corta: es un misterio

El avasallamiento de Venezuela por parte de Estados Unidos es un microcosmos de la forma de operar de la Administración Trump: un capítulo breve de ruido y furia, seguido por el paseo del enemigo, engrilletado, por Manhattan, y una política de extracción de recursos opaca y beneficiosa para personas cercanas al presidente. Como ha dicho varias veces Donald Trump: "El botín pertenece a los vencedores".

La situación general, por tanto, es clara y explícita. Son los detalles los que resultan esquivos. Para empezar, ¿quién explota ese petróleo y adónde van los ingresos? ¿Hay algún mecanismo de supervisión, por ejemplo, en el Congreso de EEUU?

Poco después de la abducción de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, Donald Trump declaró que el crudo venezolano sería "vendido a precio de mercado, y el dinero será controlado por mí, como presidente de Estados Unidos, para asegurarme de que se usa para beneficio del pueblo de Venezuela y de EEUU".

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Trump decretó que, si bien los fondos resultantes serían propiedad soberana de Venezuela, irían a parar a manos del Departamento del Tesoro estadounidense en "capacidad de custodia gubernamental". La gestión seguiría las instrucciones del secretario de Estado, Marco Rubio. Todavía en enero, Rubio declaró ante el Senado que el dinero estaba en un fondo fiduciario, a "corto plazo", en Qatar. Un mes después, el dinero salió de ese fondo hacia cuentas del Departamento del Tesoro. Según Rubio, están en Citibank y la consultora KPMG audita los gastos.

"La información pública es limitada, y conviene decirlo con franqueza", explica por correo electrónico Antonio De La Cruz, especialista en economía y petróleo y presidente de Inter American Trends. "Lo que sí revelan las licencias es la arquitectura de pagos: los pagos a personas bloqueadas deben dirigirse a fondos gubernamentales especialmente designados, y las operaciones están sujetas a reportes periódicos ante OFAC [Oficina de Control de Bienes Extranjeros, agencia federal de EEUU]. Es decir, el diseño mismo del esquema coloca el flujo de fondos bajo control y visibilidad del Tesoro estadounidense".

"Más allá de los detalles del fondo fiduciario en Qatar y de las cuentas actuales", añade De La Cruz, "no existe información pública suficiente para afirmaciones categóricas, y sería imprudente especular".

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Un análisis del Council of Foreign Relations, con datos de la agencia Bloomberg sobre el movimiento de petroleros, recoge que Venezuela exportó casi 100 millones de barriles de crudo entre enero y abril: unos 8.000 millones de dólares, si aplicamos el descuento de 15 dólares por cada barril de crudo venezolano. El 43% del petróleo fue a EEUU, el 26% a India y el 8% a España.

En abril, un empleado del Departamento de Estado, testigo de la operación, declaró que Venezuela recibió 3.000 millones de las ventas; no sabía, sin embargo, qué cantidad de dinero permanecía en las cuentas del Departamento del Tesoro. Trump dijo que el total de las ventas de crudo, en julio, ascendía a 13.000 millones.

En agosto, los Gobiernos de Estados Unidos y Venezuela firmaron un acuerdo por el que Washington obtuvo una concesión de 100 años para explotar 17 yacimientos venezolanos, con un potencial de 65.000 millones de barriles. El acuerdo lo gestionará NABEP, la segunda petrolera privada más grande de Venezuela, de la que el Gobierno de EEUU poseerá un 35% y controlará el 55% de la producción.

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A la vista de las circunstancias, hay un debate en torno al término "acuerdo", dado que este suele definir una transacción efectuada con libertad por ambas partes. En el caso de Venezuela, el régimen chavista sigue en pie, dirigido, con la tutela estadounidense, por Delcy Rodríguez, exvicepresidenta de Nicolás Maduro e histórica de la autocracia chavista.

"Técnicamente, lo que existe hasta ahora no es un tratado entre dos Estados soberanos en pie de igualdad, sino una arquitectura regulatoria administrada desde Washington", explica Antonio De La Cruz. "Las Licencias Generales OFAC 46E, 48D y 49B definen qué operaciones están permitidas, quién puede participar, dónde se resuelven las disputas y, lo más importante, a dónde van los pagos. Venezuela conserva la propiedad formal del recurso, pero su capacidad de monetizarlo depende de la autorización estadounidense".

"Por eso, la palabra 'acuerdo' resulta engañosa si sugiere reciprocidad", continúa. "La perspectiva adecuada es la de una apertura energética controlada y asimétrica: Estados Unidos obtiene acceso a reservas y diversificación de suministro; Venezuela obtiene una vía condicionada de ingresos. Las implicaciones de futuro dependen menos de los contratos que se firmen hoy que de la estabilidad de esas licencias, que pueden modificarse o revocarse en cualquier momento".

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Mientras tanto, personas cercanas a Donald Trump están aprovechando las nuevas oportunidades en Venezuela. El empresario del sector energético Harold Hamm, que donó 4,3 millones de dólares a la campaña de Donald Trump y organizó la recaudación de 75 millones de varios magnates energéticos, ha firmado un acuerdo preliminar con Petróleos de Venezuela. Su firma, Continental Resources, explotará un yacimiento en la región del Orinoco.

El presidente de NABEP, y por tanto coordinador de la operación, es Alejandro Betancourt, un polémico empresario petrolero que ha sido investigado por las autoridades de Estados Unidos, España, Suiza y Venezuela. Las autoridades estadounidenses cerraron el caso contra Betancourt, que estaba siendo investigado por presunto lavado de dinero. Bajo presión estadounidense, Suiza también suspendió la orden de extradición que tenía pendiente con el barón del petróleo.

La oposición demócrata está intentando forzar a la Casa Blanca a rendir cuentas. "La verdadera razón de la invasión de Venezuela fue permitir que los aliados políticos de Trump se beneficiaran del petróleo del país", dijo el senador Chris Murphy. "Los planes ya en marcha son de un alcance vertiginoso".

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El 15 de septiembre, interrogado por los congresistas, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, no aportó muchos datos. Reconoció que en las cuentas del Departamento "hay muchos activos venezolanos", pero no reveló la cifra concreta ni tampoco aclaró si ese dinero estaba siendo transferido a ciudadanos estadounidenses.

Como apunta Kimberly Wehle, analista del Netherlands Institute for Advanced Study, la Administración se aferra a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Sin embargo, la autoridad para manejar las cuentas está teóricamente en manos del Congreso de Estados Unidos.

En una carta reciente, un grupo de congresistas demócratas exigió al secretario de Estado, Marco Rubio, apodado "virrey de Venezuela", que publique las auditorías realizadas por la firma KPMG sobre los fondos resultantes del petróleo venezolano. "El Departamento de Estado administra miles de millones de dólares en fondos sin transparencia ni salvaguardas", dice la misiva.

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El petróleo no es lo único que le interesa a la Administración Trump. A principios de marzo, cuenta The New York Times, un empresario acudió al encuentro del presidente en la Casa Blanca con 10 barras de oro venezolano. A pesar de que el propio Trump había prohibido la importación de oro de este país en otra época, una nueva orden ejecutiva levantó este veto y ahora los estadounidenses pueden comprar el preciado bien procedente de una de las regiones mineras "más violentas y corruptas del mundo".

El oro, sin embargo, está reuniendo polvo en almacenes estadounidenses. Las refinerías del metal tienen dudas. Las leyes internacionales les exigen garantizar que el oro no ha sido usado para financiar bandas criminales, corrupción o destrucción del medio ambiente.