Bruselas hinca el diente a Airbnb para dar una respuesta europea a la crisis de la vivienda

La Comisión Europea presenta este martes su Plan de Vivienda Asequible, una propuesta dirigida a intentar paliar la crisis de acceso a un hogar, a pesar de que la Unión Europea cuenta con pocas competencias y escasas herramientas para ello. La clave de bóveda de toda la iniciativa consiste en establecer un criterio común para identificar las zonas tensionadas, que permita dar y quitar razones a las diferentes administraciones.

Aunque la propuesta todavía puede sufrir modificaciones, durante la reunión del colegio de comisarios que debe aprobar el borrador, el texto casi definitivo identifica como zonas tensionadas aquellas que requieren ocho años de sueldo íntegro de una familia media para poder comprar una vivienda. Además, para englobarse bajo esta categoría, hará falta también que ese mercado sume diez años de brecha creciente entre el precio de los hogares y los ingresos de los ciudadanos.

En España, según el estudio “Relación de salarios y la compra de vivienda en 2025” elaborado por Fotocasa, las familias necesitan destinar íntegramente el sueldo bruto de 101 meses, el equivalente a 8,4 años de sueldo, al pago de una vivienda. En Mallorca y Madrid, sin embargo, el esfuerzo es casi el doble, al superar los 15 años, mientras que en Málaga se requieren 12,9 años, en Guipúzcoa, 11,7 años, en Tenerife, 11,3 años y en Barcelona, 10,2 años.

Sobre esa idea, la Comisión plantea varias propuestas, como dar a los ayuntamientos y autoridades competentes de esas zonas tensionadas la posibilidad de establecer restricciones a las viviendas de uso turístico de las populares plataformas como Airbnb o Booking, siempre y cuando se acredite que esta actividad haya agravado la crisis de acceso a la vivienda en los últimos tres años.

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Este punto es crítico para el sector empresarial que, dentro del debate que se va a abrir ahora, ha decidido poner el foco en la necesidad de acreditar que los alquileres de corta duración son responsables, al menos en una parte, del problema de acceso a la vivienda y en que las medidas correctivas sean proporcionales. Por ejemplo, la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) ha salido ya a la palestra a asegurar que este borrador pone en evidencia la normativa catalana que prohibirá todos los pisos turísticos en la Ciudad Condal en 2028. Su argumento es que esta medida dista mucho de ser proporcional al problema.

Otra de las propuestas de Bruselas consiste en establecer barreras a la adquisición de una segunda vivienda en las zonas que se acrediten como tensionadas conforme al criterio de los ocho años de sueldo familiar. En última instancia, lo que busca la Comisión es priorizar el uso residencial de la vivienda frente a cualquier otro.

En España, con sus dos archipiélagos y todos los kilómetros de costa que tiene, el respaldo comunitario a medidas que penalicen la compra de una segunda vivienda es muy relevante, ya que hay numerosas localidades donde la presión turística está haciendo imposible acceder a un hogar a sus propios ciudadanos.

Aunque lo previsible es que a partir de este martes este borrador sirva como munición para construir los argumentarios, la realidad es que se trata únicamente de una propuesta, por lo que todavía tendrá que ser negociada por el Parlamento Europeo y por el Consejo de la Unión Europea, donde están representados los Gobiernos nacionales.

El paquete ha sido impulsado por dos de los pocos comisarios socialistas que hay en la Comisión, Dan Jorgensen, que está al frente de Energía y también tiene entre sus competencias la cuestión de la vivienda, y la española Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea. En la Eurocámara fueron los socialdemócratas (S&D) los que exigieron a Ursula von der Leyen propuestas concretas en materia de vivienda a cambio de su apoyo para elegirla para un segundo mandato.

Los socialdemócratas exigieron a Von der Leyen propuestas concretas en vivienda a cambio de su apoyo para otro mandato

El Partido Popular Europeo (PPE) se muestra abierto a una negociación, pero cuenta con una mayoría de derechas con la que bloquear las iniciativas que considere que van demasiado lejos por parte del flanco izquierdo de la Eurocámara. Por ejemplo, fuentes del PPE consultadas por El Confidencial se muestran muy reacias a las ideas que plantea la Comisión Europea sobre posibles restricciones en la adquisición de una segunda vivienda en zonas tensionadas.

El texto tiene un alcance relativamente limitado, porque la Comisión Europea no tiene muchas vías de actuación. Se ha escogido el artículo 114 de los Tratados como base jurídica, un artículo muy amplio, que permite la armonización de normativas que se encuentran fragmentadas en el mercado interior. Además, no es una propuesta para hacer asequible la vivienda, como sugiere el propio título, sencillamente porque la Comisión no tiene un mandato legal para ello.

De hecho, la propuesta para nada obliga a las autoridades a tomar medidas, incluso si se detecta una zona tensionada, el borrador actual subraya que “preserva la facultad discrecional de las autoridades competentes para determinar si es necesaria una intervención y qué medidas son adecuadas a la luz de las circunstancias locales”.

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Eso sí, al poner negro sobre blanco cuándo un mercado está tensionado con el criterio general de los ocho años de sueldo, esa discrecionalidad de las diferentes administraciones podría terminar teniendo un efecto boomerang, ya que aquellas que con la evidencia delante no tomen acciones correctivas, podrían terminar siendo penalizadas por sus votantes.