El PSOE dice ahora que ha recibido el dosier contra Llorca y anuncia que lo llevará a la Fiscalía

El PSPV-PSOE llevará a la Fiscalía Anticorrupción un documento anónimo que apunta a presuntas irregularidades en la gestión del actual presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, durante la etapa de alcalde de la localidad de Finestrat y señala a personas de su confianza. La ministra de Ciencia y secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, anunció este miércoles la decisión de interponer "una denuncia", después de que el portavoz en las Cortes, José Muñoz, compareciese por la mañana para comunicar que habían "recibido" el informe y que este contiene "hechos muy graves" argumentados con "consistencia".

“Se habla de situaciones que pudieran ser delictivas, se habla de urbanismo, se habla de sociedades, se habla de personas que pudieran tener vinculaciones en negocios que podrían ser delictivos”, explicó Muñoz en su comparecencia.

En alusión a las informaciones sobre la existencia del dosier, Pérez Llorca censuraba por la mañana la "bajeza moral" de quienes lo han promovido para atacarle a través de su entorno. El equipo de Presidencia limitaba la posición institucional a las declaraciones del propio barón autonómico. "Si alguien dice que tiene un documento y no lo lleva al juzgado, o está mintiendo o sabe que no hay nada y lo que quiere es volver a esas cloacas a las que nos ha acostumbrado el Partido Socialista", afirmaba. "Estoy cansado de leires, dosieres sin firmar y anónimos", afirmaba. "Podría haberlo firmado Mortadelo y Filemón", ha añadido el portavoz del PP en las Cortes, Nando Pastor.

En respuesta a esta invitación, Morant anunciaba una denuncia ante el Ministerio Público. “La presunta corrupción de Pérez Llorca vuelve a acorralar al PP valenciano. Existe un dosier. Existen pruebas. Vamos a estudiarlo y tomar las acciones pertinentes. Si (Alberto Núñez) Feijóo tiene constancia de estas supuestas irregularidades, que cese ya al president de la Generalitat”, señaló la ministra.

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La entrada en escena de los socialistas se produce tras varias semanas de especulaciones sobre la existencia de indagaciones por parte de la dirección nacional del Partido Popular sobre Llorca y su entorno, si bien Génova niega haber tenido acceso o haber encargado una investigación documental. "No lo hemos pedido, ni lo hemos visto", dicen desde la cúpula popular, aunque varias fuentes conservadoras coinciden en asegurar que se han producido pesquisas y consultas a cuadros del partido.

La formación que lidera Feijóo se ha resistido hasta ahora a confirmar a Pérez Llorca como candidato a la Generalitat en las próximas elecciones autonómicas y mantiene congelada sine die la celebración del congreso regional para renovar las estructuras internas. El secretario general Miguel Tellado ha prolongado una situación de excepcionalidad, con una gestora provisional que preside el propio Llorca en un contexto de fuerte división entre las distintas familias del partido en la Comunitat Valenciana y un enfrentamiento cada vez menos disimulado entre el actual presidente autonómico y el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó.

El expediente de investigación que ha generado la polémica y circula en ámbitos políticos no lleva firma y se presenta como un trabajo de investigación sobre riesgos penales y políticos en torno a la figura del dirigente del Partido Popular. Se trata de un documento fechado en junio de este año, de 36 páginas (expediente CKV-2026/01-EJ) y con un resumen ejecutivo de otros cinco folios bajo el epígrafe "Dosier Valencia" e "Informe Génova-J.P.LL.".

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El trabajo de investigación, de corte profesional o compliance, hace un análisis de posibles riesgos políticos, mediáticos ("muy alto") e incluso jurídico-administrativo y penal ("real"). Según señala, el compendio de conclusiones está basado en un "Informe Final Consolidado de Inteligencia" y en sus "anexos probatorios", matiza. En el escrito al que ha tenido acceso ElConfidencial no figuran esos anexos. Se aventura a vaticinar riesgos en figuras penales como prevaricación o malversación sin aportar la carga documental que sustente las conclusiones.

"El material está listo para publicar o registrar en un juzgado de forma inmediata. A doce meses de las elecciones, el factor tiempo opera en contra", señala, en clara referencia a la intencionalidad de fijar una estrategia de erosión de la figura política de Llorca. “No es el individuo: es la concentración. Ocho vectores sobre la misma persona, todos con el mismo patrón: decisión pública → beneficio patrimonial familiar. Cada pieza puede ser defendible por separado; la suma es la que resulta letal. El expediente reproduce, sobre el mismo territorio y sobre el mismo partido, el patrón que el electorado valenciano acaba de castigar con la caída del anterior president. La narrativa del ‘otro Mazón’ se construye con cuatro o cinco titulares”, señala el análisis, dirigido a un supuesto "comité evaluador".

Cita dos operaciones urbanísticas promovidas por Llorca durante su etapa como alcalde de Finestrat y apunta a un posible beneficio o plusvalía de empresas familiares, titulares de fincas registrales de Finestrat que ganarían valor con las reclasificaciones. Las operaciones en cuestión son una reurbanización en la Avenida Benidorm y la tramitación del Plan General Especial de la localidad alicantina de 2025, que no ha pasado todavía el filtro de la Administración autonómica y, por tanto, no está en vigor. Llorca lo dejó firmado antes de dimitir como alcalde para ocupar la presidencia de la Generalitat.

El dosier también refleja seguimientos y una labor de espionaje o trabajo de campo y señala encuentros con empresarios de personas de la estrecha confianza de Llorca, como el director general de Urbanismo, Miguel Ángel Ivorra, o el abogado, David Serra, condenado a tres años en 2018 en una de las piezas del caso Gürtel, la relativa a la financiación irregular del PP valenciano de Francisco Camps.

Apartado de la vida pública desde hace años y dedicado a la actividad privada, la Audiencia Nacional consideró que el tiempo transcurrido desde los hechos juzgados (2007 y 2008), el abono de la multa marcada en la sentencia, la ausencia de antecedentes y el riesgo de desintegración familiar desaconsejaban el ingreso en prisión de Serra. Desde entonces, se ha dedicado a su profesión como abogado y había quedado fuera del foco público hasta el nombramiento de Pérez Llorca como presidente.

El abogado es marido de la vicepresidenta de las Cortes por el PP, Magdalena González La Red, cuyas empresas también aparecen en el dosier, y tiene entre sus clientes a la familia del exalcalde de Finestrat, con quien mantiene amistad. El despacho en el que trabaja asesora además en labores jurídicas al Ayuntamiento de la localidad de la Marina Baixa. A nadie escapa que el conocimiento de Serra en cuestiones orgánicas, de su etapa como vicesecretario del PPCV, le permite aconsejar a Llorca, hasta el punto de haber sido bautizado en ámbitos conservadores como “el conseller número 12” del Gobierno valenciano. El exdirigente del PP, por contra, minimiza su capacidad de influencia y se desvincula de cualquier actuación irregular.

Otra de las personas de la máxima confianza de Llorca en la Generalitat, el secretario autonómico de Infraestructuras, Javier Sendra, también tiene un capítulo propio dedicado en el informe ejecutivo por hechos relacionados con su gestión como alcalde del Ayuntamiento de Planes o su puesto de consejero en la empresa autonómica encargada de la gestión y construcción de depuradoras, la Epsar. Entre otras cuestiones más comprometedoras, de él se escribe que fue nombrado inicialmente por Carlos Mazón y "mantenido y reforzado en la estructura del Consell" por Llorca.