La crisis de la vivienda y la esquizofrenia del Gobierno
Un trastorno disociativo explica que el Consejo de Ministros haya parido dos decretos diferentes y dos ruedas de prensa diferentes en nombre del mismo Gobierno
Asamblea informativa del Sindicato de Inquilinas en la Puerta del Sol. (Europa Press/Diego Radamés)
Cada vez es más difícil orientarse en una legislatura agonizante con ruido de urnas. La cartografía es surrealista, mientras el drama de la vivienda, arrastrado durante ocho años de desidia, cursa ahora como un apremiante culebrón superpuesto al caos de Ceuta, la corrupción de cercanías y el judicializado engorde artificial del censo de votantes.
Maricarmen vuelve a casa (alta médica al caer), la esquizofrenia del Gobierno se visualiza en dos decretos ley que acorazan a inquilinos vulnerables sin ahogar a pequeños propietarios y los acampados mantienen la ocupación que Ayuso quiere judicializar si no hay desalojo inmediato.
Lo más chocante es la normalización del trastorno disociativo que ha llevado al Consejo de Ministros a fletar dos decretos diferentes presentados en dos ruedas de prensa diferentes. Uno en nombre del PSOE y las apelaciones de Sánchez al "humanismo". Y otro en nombre de Sumar, que convirtió el sufrimiento televisado de Maricarmen en coartada para emanciparse del PSOE, después de un periodo de prolongada colonización. Pero no creo que estemos ante el placebo que esperan los acampados para desalojar la Puerta del Sol.
Los dos textos y las dos presentaciones solo comparten el deseo de apresurar el aval parlamentario -o no- este mismo viernes en un pleno extraordinario del Congreso, así como esa fingida declaración de guerra a los especuladores, rentistas y fondos buitres.
El primero de los decretos prohíbe los desahucios y la compra especulativa de viviendas, al tiempo que ofrece dinero público a coste cero para la compra de la primera vivienda, regula el menudeo del alquiler (temporales, turísticos, por habitaciones) y suspende los desahucios de personas vulnerables. Lo apadrina el PSOE en la confianza de que alcanzará el reglamentario respaldo del Congreso el viernes que viene.
El segundo recoge básicamente las principales reivindicaciones de Sumar. Aquí aparece la renovación automática de los contratos de alquiler que vencen antes del 31 de diciembre de 2028, aunque con ciertas excepciones. Puede que no tenga más de veinticuatro horas de vida útil en la legislación ordinaria. Es muy difícil que lo apoye el ala derecha del sindicato de socorristas de Sánchez (Junts y PNV). Parece pensado para caer con todos los honores en la votación del viernes (se repetiría la historia del que ya fue tumbado el 28 de abril con los votos del PP, Vox y Junts) y, por ende, para aumentar las posibilidades de que solo el primero pueda ser convalidado.
Ninguno de los dos, ni siquiera el segundo, acaba de darle el peso a los acampados, que ya en la noche del lunes decidieron seguir en sus trece saliera lo que saliera del Consejo de Ministros. Entienden que, aun a riesgo de habérselas con las visitas de los provocadores ("fachas" y "desokupas") no hay razón para cancelar sus proclamas favoritas: "O caen los rentistas o cae el Gobierno", "Si nos echan, volveremos" y su fantasía de una próxima huelga general con todo.
Y queda el factor Podemos, ya emancipado de la colonización sanchista. Antes de conocer el contenido de los dos decretos, Ione Belarra, secretaria general, se había mostrado contraria a trocear las medidas y calificaba de "tomadura de pelo" la respuesta del Gobierno a la movilización social.
Ninguno de los dos decretos, ni siquiera el inspirado por Sumar, acaba de darle el peso a los acampados
En resumen, me parece que lo que está ocurriendo solo es una escenificación llamada a perderse en la polvareda. Al tiempo.
Cada vez es más difícil orientarse en una legislatura agonizante con ruido de urnas. La cartografía es surrealista, mientras el drama de la vivienda, arrastrado durante ocho años de desidia, cursa ahora como un apremiante culebrón superpuesto al caos de Ceuta, la corrupción de cercanías y el judicializado engorde artificial del censo de votantes.