La letra pequeña del tope al gas: los clientes devolverán 100 millones a las energéticas con intereses

El Gobierno ha frenado la subida de la tarifa regulada del gas (TUR) para evitar un fuerte incremento de las facturas este invierno. Pero la parte que no paguen ahora estos consumidores, muchos de ellos entre los más vulnerables, tendrán que asumirla después con intereses. El tope generará solo entre octubre y diciembre un desfase de alrededor de 100 millones de euros, según cálculos de fuentes del sector consultadas por ElConfidencial.

La diferencia con la decisión adoptada con el gas en la crisis energética de 2022 es quién paga las ayudas. Las arcas del Estado se encargaron de financiar el coste de contener el impacto del gas en las familias. Esta vez serán los propios beneficiarios los que compensen en facturas posteriores esta protección. Cuando el gas vuelva a bajar, parte de la rebaja se utilizará para devolver este 'préstamo' con intereses a Naturgy, Iberdrola, Endesa y TotalEnergies, las cuatro comercializadoras que ofrecen esta tarifa regulada.

Además, el Gobierno ha cerrado la puerta en su medida a una posible vía de escape para cuando llegue el momento de pagar. Quien abandone la TUR antes de que se haya saldado la deuda tendrá que pagar la cantidad pendiente que le corresponda. El mecanismo evita así que un consumidor pueda beneficiarse ahora del precio limitado y marcharse al mercado libre cuando llegue el momento de devolverlo.

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El real decreto-ley publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado lo deja claro. Las comercializadoras recuperarán las cantidades pendientes a partir de las revisiones de 2027 y "sin sujeción a plazo hasta su completa amortización", y tendrán derecho a recuperar el coste financiero (intereses) generado durante el periodo en el que hayan adelantado el dinero. El Ministerio para la Transición Ecológica no ha querido dar más detalles ante la consulta de este medio.

La intervención evita una subida especialmente pronunciada este 1 de octubre. Según los cálculos del Ejecutivo, el componente de la TUR que recoge el coste de la materia prima habría pasado de 2,65 a 5,63 céntimos por kilovatio hora, provocando un incremento de la tarifa superior al 45%.

Errores del pasado

El diseño también genera preocupación entre las compañías por sus efectos sobre la competencia. Fuentes del sector advierten de que contener artificialmente la tarifa regulada puede provocar a corto plazo un nuevo trasvase de clientes desde el mercado libre hacia la TUR, como ya ocurrió en 2022.

La diferencia es que esta vez el regreso será más costoso. Quien quiera volver al mercado libre mientras exista deuda tendrá que liquidar antes la cantidad pendiente que le corresponda. A juicio del sector, el mecanismo puede generar una doble distorsión. Primero incentiva la entrada en la TUR al limitar su subida y después introduce una barrera económica para regresar al mercado libre. "Es una distorsión al mercado libre en toda regla", resumen fuentes empresariales.

En 2022, el Gobierno también limitó las subidas de la TUR, pero el desfase se compensaba con dinero público. El Estado habilitó hasta 3.000 millones de euros para cubrir la diferencia entre el coste reconocido a las comercializadoras y el que estas podían cobrar a sus clientes.

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El incentivo para refugiarse en la TUR era considerable. En plena crisis energética por la guerra de Ucrania, el Gobierno calculó que las medidas adoptadas llegaron a reducir prácticamente a la mitad la factura que habría soportado un hogar sin protección. Transición Ecológica estimó posteriormente que el ahorro para los clientes de la tarifa regulada se situó entre 100 y 300 euros anuales, dependiendo del consumo.

De 'chollo' a 'trampa'

La diferencia frente a muchas ofertas del mercado libre provocó un fuerte efecto llamada. Solo en 2022, más de 580.000 clientes pasaron del mercado libre a las cuatro compañías que gestionan esta tarifa, ocho veces más que el año anterior. Las solicitudes llegaron incluso a saturar los canales de atención de algunas compañías.

Ahora el Gobierno cambia quién paga la protección. La factura de contener los precios ya no se reparte mediante los Presupuestos entre el conjunto de los contribuyentes. El coste se lo repartirán los cerca de 3,1 millones de consumidores que tienen esta tarifa en España. Las comercializadoras financiarán mientras tanto el desfase y posteriormente recuperarán tanto el principal como su coste financiero.

La duración dependerá de la evolución del mercado. Si el gas baja con fuerza, habrá margen para reducir la TUR, pero una parte de esa potencial rebaja se utilizará primero para cancelar la deuda. Si los precios permanecen elevados, la recuperación se prolongará durante más tiempo.

En 2022, entrar en la TUR permitía beneficiarse de un precio intervenido cuyo coste asumía el Estado. En 2026, el Gobierno centra esta protección en el corto plazo y luego obliga a pagar por las ayudas recibidas. Hace cuatro años se produjo un efecto llamada; ahora, la letra pequeña hace más arriesgado el trasvase.