Bruselas debate si complicarse más la vida (o no) con el gas y el petróleo en plena crisis de Ormuz

Buena parte del sector energético lleva tiempo lanzando una voz de alarma: bajo el radar de la crisis de Oriente Medio que ha provocado el bloqueo de Ormuz —lo que ha llevado a algunas de ellas, como Shell o TotalEnergies, a ver sus beneficios en el primer trimestre dispararse un 24 % o un 51 %, respectivamente— hay una crisis que espera agazapada hasta finales de año. Se refieren a la regulación de metano, conocida en el argot comunitario como EUMR, que entró en vigor en 2024 y que, aseguran, ha dejado una bomba de relojería escondida que empezará a estallar en breve.

A partir de enero de 2027, la EUMR obliga a aplicar sanciones contra aquellas compañías que no cumplan con los requisitos que establece la normativa comunitaria, en términos de reducción de emisiones de metano, de medición y de reporte de estas emisiones. Pero también, y esta es la principal queja de las energéticas, un mecanismo que obliga a los importadores de energía a informar y cumplir con los estándares europeos en origen. Las multas pueden ascender hasta el 20 % de la facturación anual. El problema, explican desde el sector, es que los países de origen no quieren o no pueden cumplir con los requisitos de seguimiento, notificación y verificación, conocido en el debate como MRV ('Monitoring, reporting and verification').

"Nos preocupa que una parte considerable de las importaciones de gas natural y petróleo crudo de la UE pueda no cumplir los requisitos del Reglamento a partir de enero de 2027", explica el sector en una carta enviada por los gigantes de la industria a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y a toda la cúpula del Ejecutivo comunitario, así como a los ministros de Energía de los miembros de la Unión Europea. Las críticas se concentran contra el capítulo 5 de la regulación, la que se centra en las importaciones tanto de gas como de petróleo.

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Los ministros de Energía lo han analizado este miércoles durante un encuentro informal en Nicosia (Chipre) las ideas que están circulando respecto a esta normativa. La Comisión Europea ha propuesto en un documento de reflexión y no vinculante que las autoridades nacionales, encargadas de establecer las multas por incumplimiento de la regulación, tengan mucho más margen para no aplicar las sanciones en los supuestos de que haya una crisis energética, como ocurre ahora mismo, o que la aplicación de la multa pueda generar un problema de suministro.

“Estamos muy comprometidos con la regulación de metano; es uno de los instrumentos más ambiciosos que tenemos para reducir las emisiones”, ha explicado Dan Jorgensen, comisario de Energía, tras la reunión con los ministros en Chipre. “Tenemos que mantener el rumbo y así lo haremos con la Regulación de Metano, aunque tenemos el compromiso de hacer su implementación lo más pragmática posible”, ha añadido el comisario, que ha admitido que puede haber “problemas de suministro en el horizonte, pero los resolveremos”. “Todos esos problemas pasarán, la crisis climática no”, ha señalado el danés.

El texto, al que ha tenido acceso El Confidencial, señala que las sanciones no deben poner "en peligro la seguridad de suministro energético", pero sigue dejando mucho margen para definir cuándo está en riesgo efectivamente el suministro, haciendo referencia al Reglamento de Seguridad de Suministro de Gas y a la directiva de 'stock' de crudo. En todo caso, se espera que la Comisión haga una recomendación formal en junio tras haber testado el terreno con este documento de reflexión.

Desde la petrolera americana ExxonMobil avisan a El Confidencial del impacto que puede tener la Regulación Europea de Emisiones de Metano (MER) y alertan de que Bruselas corre el riesgo de provocar una nueva crisis energética por “decisión propia”. Un portavoz de la compañía explica a este medio que la entrada en vigor de las nuevas restricciones para las importaciones de petróleo y gas en enero de 2027 amenaza con tensionar todavía más el mercado energético europeo.

“Con las nuevas restricciones sobre metano entrando en vigor para las importaciones de petróleo y gas en enero de 2027, la UE está a punto de crear conscientemente una crisis energética aún mayor”, señala la compañía. “El riesgo es unos precios todavía más altos del gas y de los combustibles en el peor momento posible”.

Nadie puede cumplirlo

El problema es que, según un análisis elaborado por la consultora Wood Mackenzie, prácticamente ningún gran país exportador cumple hoy los requisitos de equivalencia previstos por Bruselas. El informe concluye que, bajo una aplicación estricta de la norma, en 2027 podrían quedar fuera de cumplimiento el 43 % del gas natural importado por la UE —unos 114 bcm— y hasta el 87 % del crudo que actualmente entra en Europa, equivalente a 9,8 millones de barriles diarios.

Ni siquiera aliados estratégicos como Noruega escaparían al problema. El estudio estima que el 17 % de sus exportaciones de gas y el 29 % de su crudo podrían considerarse no conformes con la regulación comunitaria. También quedarían expuestos suministradores clave como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá o Argelia.

La situación llega además en uno de los peores momentos posibles para Europa. La tensión creciente en Oriente Próximo y la incertidumbre en torno al estrecho de Ormuz ya están presionando los mercados energéticos internacionales, con una oferta global especialmente ajustada. El impacto potencial sobre los precios y sobre la industria europea sería considerable. El escenario más flexible anticipa que el precio del gas TTF, la referencia europea, podría superar los 19 dólares entre 2027 y 2028, más del doble del escenario sin regulación.

En el caso del petróleo, las consecuencias serían todavía más profundas. Los expertos de Wood Mackenzie advierten de que las refinerías europeas podrían ver reducido su rendimiento hasta un 50 % entre 2027 y 2030 ante la falta de crudo considerado "cumplidor", obligando a cierres masivos de capacidad industrial. Europa pasaría además de exportador neto de productos refinados a depender de importaciones récord de diésel, gasolina y queroseno. Ese 'shock' industrial terminaría trasladándose al consumidor.

Este informe que manejan desde las energéticas calcula que, bajo el escenario más duro de aplicación, la gasolina podría encarecerse un 24 % y el diésel un 16 % respecto a un escenario sin esta regulación. El aumento de las importaciones de combustibles refinados podría además añadir más de 17.000 millones de dólares anuales de costes adicionales para los consumidores europeos.

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Para el sector el problema no se soluciona suspendiendo las multas, porque siguen corriendo el riesgo de que puedan ser llevadas a los tribunales por incumplimientos y generan la posibilidad de que las autoridades nacionales apliquen las reglas de manera desigual dependiendo de los Estados miembros. Lo que quieren los gigantes energéticos es lo que en Bruselas se denomina coloquialmente como "parar el reloj". Que los efectos de una determinada normativa comunitaria se detengan durante un tiempo para ver de qué manera aplicar los requisitos que recoge la regla. A finales de abril Bulgaria, República Checa, Hungría, Rumanía y Eslovaquia solicitaron un aplazamiento de dos años de los efectos de la EUMR.

La sombra de Trump

A todo esto se suma la exigencia de Estados Unidos de que no se le aplique la normativa. Y la administración de Donald Trump no solamente tiene margen para presionar a la UE por la vía de los aranceles, como ha demostrado con la negociación comercial: en un momento en el que los europeos se están desconectando del gas natural proveniente de Rusia, que será ilegal importar por completo a lo largo de 2027, la UE se está volcando en la compra de gas natural licuado (GNL) proveniente de Estados Unidos.

"La regulación de metano de la UE genera el riesgo de desencadenar otra crisis energética", ha avisado Andrew Puzder, embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea. "Para evitarlo, Bruselas necesita un entorno regulatorio que incentive, no que desanime, a los proveedores. Medidas a medias y 'flexibilidades' no serán suficientes", señaló el enviado de Trump en una columna escrita en el Financial Times el pasado 27 de abril.

'Parar el reloj'

Las energéticas han sido claras: si se intenta obligar a países terceros a cumplir con el Reglamento de Metano pueden perder suministros clave y provocar un aumento de los precios de la energía. Tanto porque el número de países dispuestos a suministrar crudo y gas será menor, como por el hecho de que la regulación, en el caso del petróleo, se aplica únicamente al crudo, y no a productos refinados, por lo que la industria teme que ese crudo pase por el proceso de refino en otros países para acabar siendo importado como producto final a la UE sin tener que cumplir con la normativa climática y a un mayor precio.

Todo eso ahora que la UE se está enfrentando a la que Dan Jorgensen, comisario de Energía, ha calificado como la peor crisis de precios de la historia, es un argumento que todo el mundo entiende. Las obligaciones que establece la EUMR "limitan el acceso de la UE a la energía comercializada a escala mundial en un momento en que el suministro es escaso. Las sanciones inciertas y excesivas previstas en el Reglamento [...] también disuaden a los importadores europeos de firmar contratos de suministro", señala el sector en la carta enviada a la Comisión a mediados de abril.

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Por su parte, organizaciones climáticas critican que las directrices que ha distribuido la Comisión Europea son demasiado vagas y abren la puerta a una exención permanente en materia de sanciones al no establecer una fecha límite clara. Desde el Ejecutivo comunitario insisten, sin embargo, en que todo el debate está siendo demasiado prematuro, y que Bruselas se encuentra todavía en un punto de exploración y reflexión.

"El debate sobre el debilitamiento de la normativa sobre el metano llega precisamente en el peor momento", critica por su parte Jutta Paulus, eurodiputada alemana de Los Verdes y ponente de la regulación. "La guerra de Trump contra Irán ya está provocando un aumento de los precios mundiales de la energía y una mayor inestabilidad en los mercados internacionales. La UE no debe permitirse ser instrumentalizada por los intereses geopolíticos de EEUU y, al mismo tiempo, debilitar su propia legislación en materia de clima y energía", añade en declaraciones a El Confidencial. "La flexibilidad necesaria para la seguridad del suministro ya está incluida en el reglamento a través del artículo 33. Por lo tanto, no hay justificación para dar marcha atrás en las normas europeas bajo presión política", critica la alemana.