Bruselas abre expediente a España por ir tarde en la lucha contra demandas abusivas

La Comisión Europea ha anunciado este miércoles la apertura de una serie de expedientes contra numerosos Estados miembros que se están retrasando en la transposición de normativas europeas al derecho nacional. En el caso de España, uno de los principales expedientes abiertos por el Ejecutivo comunitario tiene que ver con el retraso en la transposición de la directiva europea para la protección ante demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP), es decir, demandas que tienen como objetivo atacar o desgastar económicamente a un actor, como una organización sin ánimo de lucro o un periodista.

El ejemplo claro es el de una empresa o Gobierno que lleva a juicio a un periodista o un activista sabiendo que tiene pocas opciones de ganar el proceso, pero obligándole a tener que pagar abogados y dedicar tiempo al proceso. En ocasiones se solicitan reparaciones que podrían llevar a la quiebra al medio de comunicación, por ejemplo. Con una SLAPP no se busca únicamente castigar, sino disuadir a otros. El caso clásico español que se menciona muchas veces a la hora de explicar los SLAPP es precisamente la demanda que Iberdrola interpuso en 2022 contra este periódico, El Confidencial, por las informaciones que varios de sus redactores estaban publicando sobre las relaciones de su presidente, Ignacio Sánchez Galán, con el comisario Villarejo.

Hay otros trece Estados miembros que tampoco han cumplido con la fecha límite para transponer la directiva, que son Bulgaria, Chequia, Alemania, Irlanda, Grecia, Italia, Luxemburgo, Hungría, los Países Bajos, Austria, Portugal, Rumanía y Eslovaquia. "Las SLAPP son acciones judiciales infundadas y abusivas cuyo objetivo es silenciar a quienes trabajan en pro del interés público", señala Bruselas en su comunicado de prensa. "La Directiva les proporciona herramientas para defenderse contra demandas manifiestamente infundadas o procedimientos judiciales abusivos en materia civil con implicaciones transfronterizas. Permite a los tribunales desestimar las demandas manifiestamente infundadas en una fase temprana del proceso, establece medidas de reparación para las personas afectadas, así como protección frente a sentencias de terceros países", ha explicado el Ejecutivo comunitario.

El Consejo de Ministros ya ha aprobado, en abril de este año, la primera vuelta de los anteproyectos de ley para transponer la directiva, pero eso no es suficiente para la Comisión Europea, que quiere que esté totalmente aplicada. El Gobierno ha optado por una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por lo que requerirá de una mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, un hito complicado de conseguir en el parlamento español en estos momentos. El paso que ha dado la Comisión este miércoles es el primero en el largo camino de los procedimientos de infracción que, en última instancia, puede terminar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

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La directiva surgió de un caso concreto. En 2017 la periodista Daphne Caruana Galizia, una figura que llevaba años publicando información sobre redes de corrupción, fue asesinada con un coche bomba. La maltesa tenía decenas de demandas por difamación pendientes. Poco tiempo después, la Eurocámara solicitó a la Comisión Europea que se tomaran medidas para proteger a personas como Caruana Galizia, y el Ejecutivo comunitario presentó su propuesta de una directiva anti-SLAPP en 2022, a lo que siguió una larga negociación entre instituciones europeas que culminó con el acuerdo de 2024.

Otros procedimientos

El expediente por la directiva anti-SLAPP no es el único que afecta a España. Casi todos los Estados miembros, un total de 23, incluida España, van con retraso en la ampliación de la lista de delitos medioambientales graves, que, además, endurece las penas, y también muchos van con retraso en el reforzamiento de sus organismos de igualdad nacionales, dedicados a luchar contra la discriminación. Además, España, como el resto de toda la UE, tampoco ha transpuesto las nuevas normas europeas para la mejora de la eficiencia energética de edificios no residenciales y una hoja de ruta para la renovación de edificios residenciales.

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En el ámbito financiero, la Comisión también ha abierto expedientes a España por la falta de transposición de la Ley de Listings para lograr que las empresas, también las pequeñas, coticen y puedan conseguir financiación en los mercados domésticos, y por la revisión de las normas para un mejor control de los riesgos de los derivados financieros.