El informe clave de Junts califica varias veces como "trágala" el decreto del PSOE y señala diez motivos para rechazar la iniciativa

En la víspera del Pleno del Congreso que debatirá los dos decretos de vivienda que ha aprobado el Consejo de Ministros, ninguno de los dos tiene garantías de ser aprobado. En el centro del debate está Junts, que ya ha planteado públicamente su rechazo a la iniciativa auspiciada por Sumar —que tiene pocos visos de salir adelante— y sus quejas ante la que apadrina el PSOE —aún en el aire—. ElConfidencial ha tenido acceso al principal informe que maneja el partido de Carles Puigdemont, en el que se califica varias veces de "trágala" a ambos decretos y se repasan los aspectos que consideran inaceptables. Son un total de diez.

Para empezar, Junts señala que es un decreto ómnibus "que no se puede corregir" y que además mezcla vivienda con productos de ahorro, seguros e impuestos municipales. "En la convalidación no caben enmiendas: se vota todo o nada", advierten, lamentando que el trámite elegido por el Gobierno no permite la introducción de enmiendas. Además, y como planteamiento general, subraya que "deja fuera lo esencial de la propuesta de Junts": no incluye la deducción por compra de vivienda, la cuenta ahorro vivienda, el IVA del 5% ni el derecho del deudor a cancelar su hipoteca pagando lo que el comprador pagó por su crédito. "Y convierte en obligatoria la prórroga que Junts quería pactada", añaden.

Otro aspecto que preocupa en Junts tiene que ver con las competencias. En este sentido, indica que "obliga a la Generalitat a pagar lo que decide Madrid". Según explica el informe, si un inquilino vulnerable no paga, la comunidad autónoma tiene que saldar la deuda en dos meses y pasa a ser la deudora del propietario. Todo con el añadido de que el Estado "no le devuelve los intereses". Es decir, "invade" competencias exclusivas de Cataluña, como vivienda y servicios sociales, y además impone a la Generalitat gastos "con la excusa de que son normas procesales".

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Por otra parte, resucita un decreto que el Congreso tumbó al dar por válidas las prórrogas pedidas con el Real Decreto-ley 8/2026, que el Congreso derogó el 28 de abril. "Eso", explican, "vacía de contenido" la decisión de la Cámara legislativa.

Otro aspecto que no convence en Junts tiene que ver con los desahucios, porque los paraliza hasta 2030 "sin compensar al propietario". Es más, reprochan que la suspensión se aplique incluso con sentencia firme, y las entidades afectadas se definen por su intención, no por datos objetivos. "El Tribunal Constitucional ya anuló cargas parecidas en la Ley de Vivienda (STC 26/2025)", apuntan.

"Inseguridad jurídica pura"

Hay tres asuntos más de cariz jurídico. El primero afecta a la seguridad jurídica, porque el decreto "limita las compras sin decir qué pasa si se incumple. Así, el informe que maneja Junts apunta que el artículo 1 establece que las compras "quedan limitadas, pero no las anula, no impide inscribirlas y no prevé sanción: es inseguridad jurídica pura".

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El segundo advierte de que el decreto del PSOE "puede arrinconar la legislación catalana" porque "impone una definición estatal de "vivienda asequible" sin salvedad para la catalana, y no aclara si las normas catalanas sobre alquiler de temporada prevalecen sobre las estatales". Y en tercer lugar, asegura que cambia el IRPF por decreto-ley. A este respecto, recuerda que el Tribunal Constitucional lo ha declarado inconstitucional "cuando se alteran elementos esenciales del impuesto (SSTC 182/1997 y 189/2005)".

En suma, en relación con la tramitación por vía de urgencia, el informe reprocha que parte de las medidas no se aplican hasta 2027. "Así que no son urgentes", concluye el informe, que pone sobre la mesa la dificultad de que Junts vote afirmativamente el próximo viernes en el Pleno del Congreso.