El juego verdadero

El 30 de septiembre, Jorge Quiroz llegó al Congreso con una maleta cerrada con dos candados, que contenía el proyecto de Presupuesto 2027, el primero de la Administración de José Antonio Kast. El simbolismo de la escena fue total, con una clara referencia a la tradición británica de presentar, de ofrendar el presupuesto en el Palacio de Westminster, donde reside el Parlamento británico. Y esta ofrenda no es casualidad.

En buena parte de Europa, el presupuesto no es una ley más: es un voto de confianza encubierto. En 1909, la Cámara de los Lores rechazó el Presupuesto del Pueblo de Lloyd George y el Reino Unido terminó en dos elecciones y en una ley que recortó para siempre el poder de los Lores.

En 2019, el Congreso español tumbó las cuentas de Pedro Sánchez y el presidente del Gobierno convocó a elecciones anticipadas a los dos días. Portugal repitió la historia en 2021, con disolución del Parlamento incluida, y en noviembre de 2024 la coalición de Olaf Scholz se desplomó por la imposibilidad de cuadrar el presupuesto del año siguiente. Suecia llegó a convocar elecciones en 2014 por la misma razón; solo un acuerdo de último minuto las evitó.

Donde el Ejecutivo nace del Parlamento, perder el presupuesto es perder el gobierno.

Chile no juega con esas reglas, pero tiene su propio juego. Nuestro régimen presidencial blinda al Ejecutivo: el Congreso tiene 60 días para tramitar el proyecto y, si no lo despacha, rige el del Presidente. Los parlamentarios, además, no pueden aumentar el gasto: solo reducirlo.

Sería un error, sin embargo, leer esa protección como tranquilidad. La medición de fuerzas es igual de brutal; solo cambia de forma.

Basta mirar el tamaño de la cancha. El mensaje presidencial ronda las 80 páginas, pero el desglose por partidas, cálculos económicos y supuestos macro se acerca a las 5.000. Quien quisiera negociar con propiedad tendría que leer esas 5.000, las 5.000 del año anterior y todos los informes que la Dipres publica durante el año, es decir, unas 15.000 páginas. Nadie lo hace. Y precisamente por eso el presupuesto no se discute como un todo, sino por pedazos: cada parlamentario lee —y defiende— la página que le importa, su propia cancha, el verdadero juego.

George Tsebelis lo formalizó hace más de dos décadas con su teoría de los veto players, elemento base de la economía política y al mismo que largas líneas le hemos dedicado: mientras más actores cuyo acuerdo es indispensable para mover el statu quo, y mientras más distantes estén entre sí, más difícil y caro es cambiar cualquier cosa. Tsebelis pensaba en partidos y en cámaras. En Chile, con una disciplina partidaria débil y legisladores que responden primero a su distrito, el jugador con veto se fragmenta hasta el individuo.

Cada parlamentario es, en sí mismo, un presupuesto. Nadie negocia “el” presupuesto; cada uno está negociando “su” partida.

Hay un dato que hace el cuadro aún más revelador. La Cámara que asumió en marzo bajó de 19 a 11 partidos con representación, una reducción que en teoría debía favorecer los acuerdos. Pero las listas de derecha, el oficialismo, están a dos votos de la mayoría propia. Menos partidos, sí; pero la aritmética sigue obligando al Gobierno a conseguir cada voto que le falta, y los votos se cotizan caro cuando son pocos los que deciden.

El problema nunca fue solo el número de partidos. Es el número de jugadores que actúan por cuenta propia.

Ahí la discusión deja de ser política en el sentido coloquial y se vuelve teoría de juegos en estado puro. El Ejecutivo tiene una ventaja estructural: su proyecto es el punto de referencia y el reloj de 60 días corre a su favor. El Congreso tiene un arma más tosca, pero eficaz: rechazar partidas, empujar la discusión a comisión mixta y convertir cada glosa en moneda de cambio. Es el clásico gallito —quién se desvía primero—, repetido cada año entre los mismos jugadores, lo que vuelve la reputación tan valiosa como el monto.

Quiroz parece entenderlo. Abrió la puerta asegurando que el proyecto no está escrito en piedra, pero la entornó de inmediato: todo es perfectible, siempre que se respete la restricción general, es decir, se negocia la composición, no el tamaño. Es la jugada correcta en un presupuesto que crece 1,5% sobre lo ejecutado, pero 2,7% si se compara con la ley aprobada para 2026.

El riesgo está en otra parte. Un ministro que concede partida por partida para salvar el total termina con un presupuesto que nadie diseñó: una suma de transacciones locales con una cifra agregada intacta. Y uno que no concede nada descubre, en noviembre, que los candados de la maleta no sirven en la Sala.

El presupuesto es la única ley que todos los parlamentarios esperan, pero solo por interés propio por sobre el colectivo.

Ese es el juego verdadero: no se gana con relato, se gana página por página.