A más de un mes del cruce masivo de migrantes que experimentó la Ciudad Autónoma de Ceuta, la crisis parece lejos de estar resuelta en este territorio español en el norte de África. A eso se añaden más elementos de tensión: un nuevo llamado para franquear la frontera este próximo miércoles 23 de septiembre, coincidiendo con las elecciones legislativas en Marruecos, circula en redes sociales.
Los mensajes animan a llegar irregularmente a Ceuta como ya sucedió en las jornadas previas al 30 y 31 de julio. No obstante, las autoridades españolas se muestran relajadas al respecto: “No parece, de la información que a mí me llega, que estos mensajes estén teniendo un calado importante”, señalaba este lunes el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, en una entrevista concedida a la emisora Catalunya Ràdio.
Ahora bien, para prevenir cualquier riesgo, el canciller agregaba que están hablando con las autoridades vecinas para que estén prevenidas y cuenten con “un dispositivo disuasorio”. “Intercambiamos información con ellos, encontramos receptividad”, apuntaba al respecto.
Por su parte, destacaba que han activado “todos los canales que tenemos en marcha desde el día 30 (de julio)” para minimizar cualquier posible riesgo. Además, desde las redes sociales de la Embajada de España en Marruecos se están compartiendo mensajes en inglés, francés y español desde este sábado con el objetivo de desalentar ese posible cruce al recordar que “entrar irregularmente en España a través de Ceuta y Melilla no da derecho a acceder a la Península, a permanecer en España o a circular libremente por la unión Europea”.
Los menores en situación irregular: un futuro incierto
Pero, más allá de contener nuevos riesgos, gran parte de la tensión -y de la polémica- se centra en resolver las consecuencias todavía palpables del cruce masivo que se produjo hace casi dos meses.
Desde el Ejecutivo español estiman que en la Ciudad Autónoma permanecen alrededor de 9.000 migrantes desde finales de julio: 6.000 ya están siendo atendidos por recursos de la Administración, mientras que los otros 3.000 siguen deambulando por las calles. De estos últimos, entre 500 y 700 serían menores de edad, según señaló este lunes Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, en una entrevista concedida a la emisora de radio Cadena Ser.
En el caso de los adultos, desde el Gobierno asumen que la gran mayoría serán retornados.
La discusión se centra, especialmente, en cómo se va a gestionar la situación de los menores. “No se pueden devolver de la noche a la mañana (a Marruecos)”, aseveraba esta mañana Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, en una entrevista concedida a Televisión Española.
Los hechos del 30 y 31 de julio pusieron las capacidades del Gobierno Autonómico al límite. Actualmente, los servicios de acogida de Ceuta han recibido a 2.000 menores, siendo que “la ley dice que tendríamos que tener 30 (menores acogidos) en condiciones ordinarias y, en situación de contingencia migratoria, 90”, apuntaba la semana anterior Juan Jesús Vivas, presidente de la Ciudad Autónoma, en una entrevista ofrecida a la cadena de televisión Cuatro.
Una situación que se podría aliviar destinando a varios de estos menores a otros recursos de acogida temporal situados en la península. Pero esta cuestión, que ha hecho su hueco en la agenda política, divide a las Comunidades Autónomas. Sobre todo, a las once que están gobernadas por el opositor Partido Popular (cuatro de ellas en coalición con Vox), que se muestran reticentes a la idea dado que entienden lo ocurrido en julio como una “invasión”.
Pero tampoco queda claro si Marruecos aceptará su retorno en el caso de que haya expedientes que convengan la reagrupación de los menores con sus familias. Al menos así lo expresó Rego, quien afirmó que hay 600 expedientes anteriores al cruce masivo de los que no tienen “ningún tipo de respuesta” por parte del país vecino. “No suele ser habitual que tengamos una respuesta fluida por parte de Marruecos y esto, obviamente, es un problema”, agregó.