El objetivo principal de la nueva empresa era tener el sistema ferroviario bajo su control para poder construir y operar cualquier otra línea en el país, asimismo, administrar las concesiones de todos los ferrocarriles. Para ello, el gobierno federal adquirió el 51 % de las acciones equivalente a 234 millones 600 mil pesos de un total de 460 millones de pesos1, y el resto correspondió a diversos accionistas mexicanos y extranjeros constituyéndose así en una empresa privada.
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